• Fernando Carrasco

Tensión judicial entre el Gobierno y PP

El 'procés' y los 'papeles de Bárcenas', dos cuestiones jurídicas en curso que podrían resolverse pronto.


El inicio del año judicial acerca al Gobierno y al PP a importantes decisiones judiciales. El otoño caliente en la judicatura coincide con la crisis institucional provocada por la existencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato expiró hace más de dos años y medio sin perspectiva de acuerdo, a pesar de los fuertes llamamientos que se han hecho para acordar su renovación.


La importancia de los veredictos, que se conocerán en los próximos meses, ayuda en parte a identificar las causas profundas de la lucha del gobierno con el principal partido de la oposición. En el caso del Tribunal Supremo, no se trata tanto de una mayoría en cada una de sus cinco salas, sino de la política de nombramientos, que es una facultad clave del Consejo Judicial. Es la sala de lo contencioso la que ahora interesa especialmente.



Los dos temas principales que explican el foco de atención en esta sala son el recurso contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado después de ser ministra de Justicia, y las objeciones al indulto de los líderes del procés. Ha habido algunas escaramuzas en relación con estos casos, pero ninguna batalla real. El primer debate se refería a si el caso de la fiscalía debía llegar al pleno. Nueve jueces lo pidieron, pero se necesitaría una mayoría de los actuales 27 miembros del Senado para solicitarlo.


El caso se verá en la sección cuarta, compuesta por seis jueces, a los que se unirá el presidente del Tribunal Supremo, César Tolosa. Según el Tribunal Supremo, esto se hará para evitar el riesgo de empate. Lo más probable es que se desestimen los recursos del PP y de Vox porque Delgado cumple los requisitos objetivos para el puesto. La valoración de su idoneidad por parte de los citados partidos pertenece más al debate político que al ámbito jurídico.


El caso del indulto del procés, por su parte, tardará muchos meses en resolverse. Se han presentado varias impugnaciones y el plazo de recurso expirará a finales de este mes. No se espera que haya ninguna resolución antes del segundo trimestre de 2022. En los círculos del Tribunal Supremo se consideran escasas las posibilidades de éxito de los recursos, ya que tendrían que considerarse insuficientemente motivados, por lo que el Gobierno ha tomado la medida cautelar de preparar escritos detallados.


Parece que en los próximos meses, el gobierno tendrá mucho más margen en el Tribunal Constitucional para dar un golpe. Primero con la decisión sobre el segundo estado de peligro. El presidente del tribunal, Juan José González Rivas, explicó el lunes que este recurso presenta problemas diferentes al primero, pero que el Constitucional espera una decisión en línea con la anterior. Esta primera decisión supuso la declaración de inconstitucionalidad de la detención bajo el paraguas legal del estado de peligro. Ahora habrá mucho debate sobre la falta de control parlamentario en la segunda fase de la crisis sanitaria.


También se debatirá mucho sobre las formulaciones alternativas del juramento que utilizan los diputados independentistas y otras minorías en el Congreso y el Senado. La cuestión será si las modificaciones del juramento se entienden como que los que juraron no obtuvieron la condición de miembros. Esto podría desafiar a las mayorías existentes. En el Tribunal de Cuentas, de nuevo, se está a la espera de una decisión de máxima trascendencia política sobre la aceptación o no de los avales propuestos por la Generalitat en relación con sus gastos de promoción exterior del procés.


Para el PP, en cambio, el horizonte judicial se presenta especialmente difícil en la Audiencia Nacional. Todavía está pendiente la decisión sobre los documentos de Bárcenas, en relación con la llamada caja B del partido y la renovación de su sede en la calle Génova. Se espera que las piezas separadas de Gurtel den un veredicto sobre la presunta responsabilidad del PP en las negociaciones sobre los lucrativos terrenos en cuestión.


Por otro lado, el ex comisario Villarejo será juzgado en octubre por tres piezas de la Operación Tándem y reaparecerán las descripciones del modus operandi de la mafia policial que ha operado en España durante muchos años.


Este panorama, aún más tenso que en años anteriores, explica que tanto el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, como la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, pidieran el lunes que el poder judicial no sea tratado como un espacio político susceptible de control. Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, González Rivas, en declaraciones a RNE, pidió a las dos partes implicadas en la renovación del Consejo del Poder Judicial que abandonen sus "veleidades individualizadas" y no prioricen sus intereses particularistas sobre la necesidad de un pacto.


Sin embargo, la realidad es que hay una mayoría conservadora en el propio Consejo, así como en el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional, instituciones en las que hay una situación de transición. En los dos primeros, porque sus mandatos han expirado, y en el Tribunal Constitucional, porque cuatro de sus doce magistrados, incluidos el Presidente y el Vicepresidente, lo han hecho.

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