• Fernando Carrasco

Si no hay renovación del Poder Judicial, el Supremo denuncia el colapso de la Sala de lo Contencioso

El Tribunal Supremo da la voz de alarma. En un comunicado sin precedentes, su sala de gobierno ha advertido este lunes de las "graves" consecuencias de mantener la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la imposibilidad de nombrar jueces y cubrir las vacantes que se produzcan en el órgano judicial.


La prohibición de nombrar magistrados para las plazas vacantes, derivada de una reforma legal motivada por el bloqueo de la renovación por parte del PP, podría provocar el colapso de algunos órganos del Tribunal Supremo. Y por una vez, la sala de gobierno del tribunal ha querido alzar la voz para advertir de las consecuencias del actual bloqueo, que afecta especialmente a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, que deberá decidir, entre otras cosas, sobre la legalidad o ilegalidad de los indultos concedidos a los líderes independentistas condenados en el procés.


La preocupación por la dotación de personal del Tribunal Supremo, que cuenta con cinco salas y 80 jueces, crece a medida que pasan los meses. Se han producido varias jubilaciones y también varios fallecimientos. Esta situación ha provocado ya 12 vacantes, lo que supone un riesgo de ralentización del trabajo o de sobrecarga de asuntos, ya que el Tribunal trabaja con un 15% menos de miembros.


Aunque todas las cámaras miran al futuro con preocupación, dado que el PP se niega a discutir la renovación de la judicatura si no hay una garantía de que la ley será modificada previamente, sólo la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene un problema mayor. De las doce vacantes de este año, la mitad corresponden a la Sala Tercera, que resuelve los recursos contra los actos del Gobierno, una sala crucial para el funcionamiento del Estado de Derecho en España. La Sala de lo Penal, que juzga la corrupción partidista e institucional, no tiene vacantes.

En la sala administrativa, donde los nombramientos son más urgentes, hay ahora seis vacantes, que aumentarán a ocho en abril del año que viene. Las estadísticas de esa sala muestran que cada juez dicta una media de 80 a 90 sentencias al año. "Es una barbaridad", dice uno de ellos, explicando la situación con cifras comparativas: "En Francia", dice, "nuestros colegas dictan una media de 30 a 40 sentencias al año. Aumentar la productividad simplemente no parece muy realista.


Esta cámara cuenta con seis departamentos, cada uno de ellos con al menos cinco jueces. El presidente de la quinta, Segundo Menéndez, que debe resolver los recursos contra los indultos de los líderes independentistas, se jubila el próximo mes de abril. En este caso, es posible que esta sección no tenga un presidente permanente. Si interviene un juez de otra sala o sección, es probable que tenga una especialidad diferente. Como solución de emergencia a este problema, el poder judicial está estudiando la posibilidad de enviar jueces de la sala militar especializados en casos administrativos y penales.


"No es lo más adecuado que un cardiólogo se ocupe de múltiples fracturas", cita un juez como ejemplo de las situaciones que pueden darse. Y añade: "Tampoco es lo más apropiado que un especialista en derecho fiscal se ocupe de una cuestión de urbanismo o de derechos fundamentales".


Otro caso de especial interés para esta Sala es la impugnación del nombramiento de la Fiscal General del Estado, ex ministra de Justicia y ex diputada socialista Dolores Delgado. Este asunto se tratará en una audiencia que ya ha sido convocada para el 19 de octubre. El debate estará presidido por el Presidente del Senado, César Tolosa. Se intentó llevar el caso al pleno, pero no tuvo éxito.


Todo ello explica los términos imperativos de la declaración aprobada el lunes por el Claustro Rector del Tribunal Supremo, que, a petición de sus miembros electos, acordó por unanimidad dirigirse al Consejo General del Poder Judicial y "manifestar su preocupación por las perniciosas consecuencias", ya grave y que probablemente se intensificará en un futuro próximo, sobre el funcionamiento del tribunal por la falta de restauración del órgano de gobierno del poder judicial y la consiguiente incapacidad para cubrir las vacantes existentes y los puestos que puedan surgir en los próximos meses".


Algunos miembros del Colegio de Abogados llevan tiempo queriendo dar la voz de alarma. Se ha dejado pasar un tiempo, ya que al Tribunal Supremo no le gustan los conflictos. Al inicio del año judicial, a principios de este mes, quisieron esperar a ver qué impacto tendría el discurso con el que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, abrió el año judicial. Ya en ese discurso, relacionó la no renovación del Consejo con los posibles riesgos para la independencia judicial. Pero dado que nada parece avanzar en el desbloqueo de la renovación del Consejo, la Sala de Gobierno -encabezada por el presidente del Tribunal Supremo e integrada por los presidentes de sus cinco salas y otros cinco magistrados elegidos por sus colegas del Tribunal- ha decidido no esperar más y denunciar la situación de inestabilidad en la que se desarrollarán sus trabajos si continúa deteriorándose la situación que le impide actualizar su personal.


La declaración fue impulsada por los miembros electos de la Sala de Gobierno para dejar claro que respondía a un movimiento "desde abajo", como dijo otro juez. El texto expresa brevemente la opinión general del Tribunal Supremo. El acuerdo señala que algunas de las cámaras afectadas "se encuentran en una situación en la que es más urgente, desde el punto de vista jurídico y también social, resolver con la mayor rapidez posible algunas de las cuestiones que han surgido y que previsiblemente seguirán surgiendo", y añade que "entre otras cuestiones que no son de su competencia", la cámara de gobierno "no puede permanecer indiferente ante estas preocupantes previsiones y debe llamar la atención sobre ellas".


La Sala de Gobierno también ha acordado encargar al Gabinete Técnico del Tribunal la elaboración de un informe "que recoja de forma sintética y limitada en el tiempo el panorama al que se enfrentarían las distintas Salas de este Tribunal si se prolonga la actual situación de provisionalidad del Consejo General del Poder Judicial". Actualmente, la Primera Sala (Civil) del Tribunal Supremo tiene una vacante, la Tercera Sala (Contencioso) tiene seis vacantes, la Cuarta Sala (Social) tiene tres vacantes y la Quinta Sala (Militar) tiene dos vacantes.

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