• Fernando Carrasco

Sánchez y Aragonès están dispuestos a blindar el diálogo, pero van a ser dos años de turbulencias.

El presidente de la Generalitat se someterá a una cuestión de confianza en 2023, coincidiendo con el final de la legislatura en España.


Lo que empieza mal no siempre termina mal; a veces perdura con una herida de hierro. Es lo que ocurrió en la relación entre Esquerra Republicana (ERC), los Junts y su antecedente, la desaparecida Convergència. Han gobernado en coalición en Cataluña durante cinco años, un lustro en el que apenas ha pasado un mes sin que ambos socios se tiren los platos a la cabeza. Sus tempestuosas relaciones podrían enturbiar la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno para encontrar una solución al conflicto abierto por las reivindicaciones independentistas.


ERC y su pilar en la oposición, la anticapitalista CUP, han fijado un plazo de dos años para que la mesa de diálogo dé resultados. Dos años es lo lógico: es el final de la legislatura en las Cortes. También es el plazo fijado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para plantear una cuestión de confianza y atender las demandas de la CUP. Ayer, Aragonès cambió el guión al acordar en una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no era conveniente fijar plazos. Fuentes de la dirección de ERC y del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) dijeron que primero se necesitan meses para ganar la confianza mutua.


Los protagonistas del diálogo son dos gobiernos y cuatro grupos políticos. Uno de los protagonistas, Junts, ha asumido el papel de saboteador de las negociaciones. El compromiso tácito era que sólo asistirían miembros de los dos gobiernos; el partido presidido por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont propuso cuatro representantes y sólo uno era consejero del Gobierno. Aragonès se levantó y permitió a Junts abandonar el escenario. Un representante de la ejecutiva de ERC interpretó que "cada parte está adoptando una posición estratégica respecto a la mesa de diálogo". Junts ha intensificado su oposición a las conversaciones con el gobierno y los republicanos esperan que los enfrentamientos continúen.



Assumpció Laïlla, diputada de Demòcrates en el grupo parlamentario de Junts, augura que el diálogo fracasará: "Parece que se están negociando competencias a cambio de apoyo parlamentario. Si fuera así, sería un fraude al independentismo y a los que queremos que se cumpla el mandato del 1-O [el referéndum ilegal de independencia de 2017]". Invocar el 1-O es apostar por una separación unilateral de España, que tanto ERC como Junts admiten que es inviable en estos momentos, ya que asumen que necesitan una amplísima mayoría de apoyo social e institucional para hacerlo.


Según el diputado del PSC Ferran Pedret, ERC y Junts seguirán compartiendo el poder porque no tienen otra opción: "En cualquier país normal, esta competencia llevaría a la ruptura de la coalición. Pero no tienen más remedio que seguir, porque el coste de explicar a sus electores que la independencia no es posible es muy alto". El diputado de la oposición Joan Carles Gallego, de Comunes, también cree que "ninguna entidad política de Cataluña quiere ahora nuevas elecciones": "La otra cuestión es que el Gobierno tiene problemas". El ERC podría gobernar por sí mismo, pero sería muy difícil.


Los representantes de ERC y PSC han rechazado la posibilidad de gobernar juntos: las heridas del procés siguen abiertas. Los socialistas se han ofrecido a negociar los presupuestos de la Generalitat, y es probable que ERC siga siendo un apoyo clave en el Congreso para el Gobierno de Sánchez. Pedret y Gallego coinciden en que los grandes acuerdos sólo podrán alcanzarse en la próxima legislatura, aunque también habrá avances concretos y gestos de confianza por parte de las partes. Pero los acuerdos también pueden ser regalos envenenados, como ocurrió con los desacuerdos sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat.


Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), no cree que la mesa de diálogo dure hasta el final de la legislatura. "Dentro de un año, el Estado entrará en campaña electoral. Sánchez utilizará el desacuerdo como señal de intransigencia". Paluzie espera que el independentismo recupere el impulso en ese tiempo, pero admite que teme que al final sea "sólo retórica" de los partidos de cara a las elecciones municipales de 2023. "Pase lo que pase", dice el líder de la ANC, "creo que la presión popular y los acontecimientos externos, como las decisiones judiciales, obligarán a ERC y a los Junts a volver a la agenda de autodeterminación".

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