• Jose Luis Díaz

PSOE y Unidas Podemos siguen sin ponerse de acuerdo en la negociación de la reforma laboral

El Gobierno atravesaba una situación "delicada", como admitió Yolanda Díaz, y aunque el PSOE y Unidas Podemos han estrechado lazos, no han logrado concluir la peor crisis de la coalición desde principios de año, la primera gran crisis sin Pablo Iglesias. Y eso requería necesariamente un acuerdo sobre la reforma laboral. Es decir, que Podemos acepte que Nadia Calviño sea representada por alguien de su confianza en las negociaciones finales de la reforma con los sindicatos y la patronal. Según fuentes de la reunión, el PSOE evitó pronunciarse explícitamente sobre el papel de la vicepresidenta primera y prefirió destacar su interés en que los ministerios afectados por la reforma, no sólo el de Economía sino otros como el de Inclusión y el de Educación, participen en las negociaciones con los representantes de la patronal y los trabajadores. Las dos fuerzas seguirán negociando, mientras que fuentes de las conversaciones restaron importancia a la disputa de los últimos días. El PSOE calificó de "constructivas" las conversaciones, que duraron casi dos horas en el Congreso. Fuentes de Unidas Podemos lo calificaron de "cordial", aunque reiteraron que lo que importa más que los integrantes de la mesa de diálogo social son las medidas que se discuten con empresarios y sindicatos.


A pesar de la desconfianza mutua, si algo tiene claro la cúpula del partido en la ejecutiva es que unas elecciones anticipadas serían letales para la izquierda. El gobierno necesita tiempo para que la recuperación económica post-pandémica surta efecto. Esa es una de las razones por las que Pedro Sánchez quiere completar el proceso legislativo. El ministro de Trabajo y posible candidato del espacio de Unidas Podemos también necesita tiempo para elaborar un proyecto. Los socialistas y Podemos, conscientes de su actual fragilidad según la mayoría de las encuestas, trataron de converger sus posiciones en las horas previas a la reunión de la comisión para revisar el acuerdo de investidura, celebrada por la tarde en el Parlamento. Antes de que comenzara, poco después de las 19.30 horas, el objetivo era tratar de concretar los principales puntos de discordia para facilitar un acuerdo. Sin embargo, esto no tuvo éxito.

El PSOE y Unidas Podemos destacaron el "buen tono" y pidieron nuevas negociaciones. La conciliación, a falta de un acuerdo sobre la reforma laboral, fue parcial, según fuentes de Unidas Podemos, en la quinta reunión de la comisión permanente de seguimiento del acuerdo de gobierno de coalición. Fue la primera en diez meses y contó con la presencia de tres caras nuevas: el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y el jefe de gabinete de Yolanda Díaz, Josep Vendrell. Con la salida de Pablo Iglesias y el ascenso de la vicepresidenta segunda, la composición de la mesa del lado de Unidas Podemos ha cambiado. Por parte de los socialistas, repiten en sus cargos Adriana Lastra, vicesecretaria general, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia desde julio, y María Jesús Montero, titular del Ministerio de Hacienda. Por parte de Unidas Podemos también estuvieron presentes las ministras Ione Belarra e Irene Montero; el secretario general del PCE, Enrique Santiago; y el portavoz parlamentario Pablo Echenique.


Pedro Sánchez dio instrucciones a la delegación socialista para que se mantenga firme en que el responsable de la futura ley es "todo" el Ejecutivo, y no sólo el Ministerio de Trabajo, principal departamento del socio minoritario. La intención del presidente era que Calviño estuviera representada en la mesa de diálogo con empresarios y sindicatos. Una decisión que fue aplazada y con la que el Presidente quiso enviar una señal de que todo el Gobierno está actuando al unísono y que no hay leyes que sean responsabilidad exclusiva de un ministerio. La oposición planteada por Podemos se debió al temor de que la vicepresidenta económica tomara el control de las negociaciones con los representantes de la patronal y los trabajadores.


El PSOE no se rindió e insistió, sin éxito, en vencer las reticencias de Unidas Podemos y conseguir que ambos socios de Gobierno se pusieran de acuerdo en la reforma de la legislación laboral, como ya ocurrió con la ley de vivienda que el Consejo de Ministros aprueba este martes, o el salario mínimo. Para apoyar su posición en la reunión, Ferraz recordó que Podemos participó en la elaboración de ambas leyes, aunque cayeron bajo la cartera de los ministros socialistas. "Todo el Gobierno está comprometido a abordar la modernización de la legislación laboral para eliminar la precarización, aumentar la competitividad y restablecer el equilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores", subrayó Sánchez en un seminario sobre cómo afrontar las múltiples crisis provocadas por la pandemia antes de reunirse con Paolo Gentiloni. El comisario europeo de Economía advirtió el domingo que la reforma del mercado laboral y de las pensiones "debe estar en línea con lo acordado en Bruselas". Sánchez insistió en su discurso en que la reforma laboral se llevaría a cabo "mediante el diálogo social y la búsqueda de consensos". La propuesta final debe enviarse a Europa antes de finales de año.


Las escaramuzas en las que se han enzarzado con mayor o menor intensidad el PSOE y Podemos en los últimos días han llevado a algunos sectores de los partidos a pensar que el futuro del Gobierno está en las estrellas. Sin embargo, al final los malentendidos se resolvieron y no hubo punto de no retorno. Sin embargo, la reforma laboral sigue provocando profundas divisiones. La crisis estalló el viernes en un momento inicialmente dulce para el Gobierno. O al menos para los socialistas. El día anterior, el PSOE y el PP habían concluido la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. La reconstrucción del poder judicial -que en diciembre habría supuesto tres años de estancamiento- ya no parecía una quimera.


Todo este optimismo se vio truncado un día más tarde por la "injerencia" de Calviño, según Unidas Podemos, en las negociaciones en las que se decidiría la reforma de la legislación laboral. Podemos escaló la tensión al máximo cuando acusó a Meritxell Batet de prevaricación y anunció que se querellaría contra la presidenta del Congreso tras la retirada del mandato de Alberto Rodríguez. Tras la aparente tregua concedida por Podemos el domingo, nadie en Ferraz y La Moncloa esperaba la dureza con la que Díaz pretendía responsabilizar a los socialistas de la crisis. El PSOE tampoco previó que, después de que Rodríguez decidiera recurrir la pérdida de su mandato en el Tribunal Constitucional, Podemos volviera a exigir la dimisión de Batet: su portavoz Isa Serra consideró su decisión un ataque "a la legislatura, a la voluntad popular y a la democracia". Los socialistas se unieron a ella, pero evitaron reavivar la disputa con sus socios.


Mientras tanto, el ministro de Trabajo pidió al PSOE que "aclare" su posición sobre la reforma laboral del PP: "Es un debate que está dentro del PSOE", llegó a decir el vicepresidente segundo. Díaz incluso declaró que las Mesas de Diálogo Social se han reunido bajo su dirección todas las semanas sin interrupción desde el 17 de marzo. El jueves, sin embargo, La Moncloa exigió a Calviño que entrara a negociar con empresarios y sindicatos con su representante. Los dos vicepresidentes tienen ideas diferentes sobre la reforma de la legislación laboral, por lo que las negociaciones podrían cambiar mucho dependiendo de quién esté al mando. "No se trata de quién lidera, se trata de lo que vamos a hacer en una gran reforma del mercado laboral en nuestro país", subrayó Díaz. La desconfianza de Unidas Podemos proviene de la actitud de rechazo que siempre ha mostrado Calviño hacia la derogación de la reforma del mercado laboral. Aunque se trata de uno de los compromisos del acuerdo de investidura que permitió la formación de Gobierno en enero de 2020, el PSOE lleva tiempo refiriéndose a la derogación de los "aspectos más dañinos" de la legislación laboral del PP. La batalla entre el PSOE y Unidas Podemos se libra también en el léxico: el lunes, Felipe Sicilia, portavoz de la dirección socialista, evitó reiteradamente utilizar la palabra "derogación", que la patronal rechazaría automáticamente. "El objetivo del Gobierno es una nueva reforma laboral y un nuevo marco de relaciones laborales que garantice la estabilidad y el empleo digno. En cuanto a la terminología que cada uno utiliza, es cosa de cada uno", afirmó.









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