• Jose Luis Díaz

PSOE y PP llegan a un acuerdo para la renovación del Constitucional

El Tribunal Constitucional tiene por delante una agenda muy densa, repleta de asuntos que han surgido durante esta legislatura y que han sido recurridos por el PP y Vox, así como otros que se arrastran desde hace varios años, como el recurso contra la ley del aborto. El tribunal seguirá teniendo una mayoría conservadora (siete magistrados frente a otros cinco progresistas), un escenario en el que es probable que se mantenga la tendencia de sentencias críticas con las iniciativas del Gobierno y sus socios, como ha ocurrido en los últimos meses. Por otra parte, con el actual restablecimiento del Tribunal de Garantías, el objetivo de la paridad estará lejos de alcanzarse.


Las cuatro personas seleccionadas para el Tribunal Constitucional tienen un fuerte perfil político y experiencia judicial, tanto en los juzgados y tribunales como institucional, ya que todos fueron miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Tribunal Constitucional estará lejos de la paridad en el pleno, pero con la inclusión de la conservadora Concepción Espejel y la progresista Inmanculada Montalbán, el número de mujeres en el Tribunal de Garantías ha pasado de dos a tres. El conservador Enrique Arnaldo, por su parte, aporta su experiencia en derecho parlamentario -como abogado de Cortes- y en derecho constitucional, del que es catedrático, mientras que Ramón Sáez Valcárcel es un juez penal de larga trayectoria, autor de varias sentencias que tuvieron gran resonancia en su momento, como la que liberó originalmente a los autores del asedio al parlamento de 2011, un hecho que obligó al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, a tomar un helicóptero hasta la sede de la Cámara. En aquella ocasión, Sáez Valcárcel defendió el derecho de manifestación como expresión de protesta de las capas sociales más desfavorecidas en el marco de la crisis económica.

La existencia de una mayoría conservadora asegura la elección de un Presidente con este perfil. El nombramiento lo deciden los 12 jueces que componen el pleno. Es muy probable que el elegido sea Pedro González Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y autor, entre otras cosas, de la sentencia sobre el primer estado de alarma. Se espera que el vicepresidente sea el progresista Juan Antonio Xiol.


La sentencia de marzo de 2020 sobre el primer estado de alarma supuso un revés para el Gobierno si consideraba inconstitucional la confiscación acordada bajo este paraguas legal. La tesis era que esta confiscación constituía una suspensión y no una mera restricción de los derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de circulación, para lo cual habría sido necesario solicitar a las Cortes la declaración del estado de excepción. En su próxima sesión plenaria, el Tribunal Constitucional tendrá que tratar un proyecto de resolución ya preparado para que se declare un segundo estado de excepción en octubre de 2020. Este informe, elaborado por el juez Antonio Narváez, también conservador, propone varias objeciones al decreto por el que el Gobierno ordenó el cierre de los distritos regionales contra la pandemia. Por lo tanto, el proyecto de decisión de Narváez propone que se considere que incluso el segundo estado de excepción no se ajusta a la Constitución.


Si se aprueba la sentencia en este sentido, será el tercer fracaso en la estrategia legal que el gobierno ha puesto en marcha para hacer frente a los problemas legales causados por la pandemia. En su último pleno, el Tribunal de Garantías también tumbó los acuerdos tomados por la Mesa del Congreso en los primeros días de la emergencia sanitaria para limitar la actuación de la Cámara ante los riesgos que suponía la propagación del contagio del covid-19.


También están en la agenda del Tribunal Constitucional la ley de eutanasia y la reforma de la ley de educación Celáa. Y junto a ellos, la decisión sobre el aborto, que ahora cambiará de manos, ya que el actual ponente, el magistrado conservador Andrés Ollero, es uno de los miembros del tribunal que cesan con la renovación.

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