• Jose Luis Díaz

La justicia europea anula los pactos de comercio y pesca entre Marruecos y la UE

La larga guerra legal del Frente Polisario en la Unión Europea continúa con una batalla tras otra. En una decisión de gran trascendencia política y que puede provocar un terremoto diplomático, el Tribunal General de la UE ha ordenado la anulación de los acuerdos comerciales y pesqueros firmados entre Marruecos y la UE, tal y como había solicitado el Frente Polisario en dos recursos. El tribunal anuló los acuerdos porque se refieren al comercio de productos del Sáhara Occidental y afectarían a territorios que no son reconocidos por la comunidad internacional como parte de Marruecos.


Las dos decisiones del tribunal con sede en Luxemburgo, que pueden ser recurridas ante el TJUE, exigen que se mantengan los efectos de los pactos durante un periodo no superior a dos meses, o la decisión del TJUE en caso de que se interponga un recurso, ya que su anulación con efecto inmediato podría tener graves consecuencias para la acción exterior de la UE y cuestionar la seguridad jurídica de los compromisos internacionales contraídos por la UE.


El motivo de la anulación es que la justicia europea considera que no se tuvo en cuenta el consentimiento del pueblo saharaui como tercera parte afectada cuando se firmaron los acuerdos. Aunque las sentencias son recurribles, el TJUE ya falló a favor de las peticiones del Frente Polisario en abril y junio de 2019, tanto en relación con el acuerdo de libre comercio y agricultura firmado entre Bruselas y Rabat como en relación con el acuerdo de pesca firmado en 2019 entre ambas partes.

"El Consejo [el órgano que representa a los 27 Estados miembros] no tuvo suficientemente en cuenta todos los factores pertinentes relativos a la situación en el Sáhara Occidental y consideró erróneamente que tenía discrecionalidad para decidir si cumplía con la petición de consentimiento del pueblo saharaui", dice una de las resoluciones.


Aunque la UE celebró "amplias consultas" con "agentes socioeconómicos", la mayoría de los cuales "estaban a favor de la ampliación de las preferencias arancelarias del Acuerdo de Asociación al Sáhara Occidental", o al menos así se indicaba en los acuerdos en cuestión, el Tribunal considera que no puede deducirse de estas consultas que se diera el consentimiento. "A lo sumo, este enfoque permitía conocer las opiniones de las partes interesadas, sin que esas opiniones condicionaran la validez de los acuerdos controvertidos ni fueran vinculantes para las partes", señala una de las sentencias.


El tribunal consideró que, en la medida en que los acuerdos controvertidos se referían expresamente al Sáhara Occidental y sus aguas adyacentes, afectaban a los habitantes de ese territorio y exigían que se obtuviera su consentimiento. En consecuencia, "las decisiones impugnadas tienen efectos directos sobre la posición jurídica del Frente Polisario como representante de ese pueblo y participante en el proceso de autodeterminación de ese territorio". El 90% de las capturas cubiertas por el acuerdo pesquero se realizan en las aguas adyacentes al Sáhara Occidental.


Por su parte, el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ramtane Lamamra, declaró que la doble decisión abre una nueva etapa en la lucha del pueblo saharaui por su derecho a la autodeterminación y marca al Consejo de Seguridad de la ONU el camino a seguir para completar el proceso de "descolonización del Sáhara Occidental".


Marruecos reaccionó oficialmente a la decisión a los pocos minutos de su publicación con una declaración conjunta del ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Burita, y del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Quisieron transmitir la seguridad: "Tomaremos las medidas necesarias para asegurar un marco jurídico que garantice la continuación y la estabilidad de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos."


Una fuente diplomática marroquí declaró que la decisión no afectará a las relaciones bilaterales con España. "Las cosas que están programadas con España seguirán como hasta ahora". En cuanto a los acuerdos con la Unión Europea en materia de agricultura y pesca, la misma fuente predijo que continuarían. "Esta decisión será recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ocurrirá lo que ocurrió en 2016: que la justicia europea corregirá otra decisión que se produjo en 2015, que anuló los acuerdos. Estamos seguros de ello". La citada fuente oficial ve "mucha política y muy pocos argumentos jurídicos" en el tribunal, así como "incoherencias y contradicciones". Pide a la UE que "asuma la responsabilidad de proteger el acuerdo global con Marruecos".



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