• Jose Luis Díaz

La inflación en alza, aumenta la presión de aumentar los salarios de funcionarios y pensionistas

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios subieron un 4% en septiembre, la mayor subida desde el mismo mes de 2008, cuando la quiebra de Lehman Brothers desencadenó la mayor crisis financiera del siglo. Tras abandonar la línea roja que marcaba los últimos nueve meses de 2020, la curva ascendente se ha extendido por séptimo mes consecutivo gracias a la recuperación del consumo, la escasez de algunos suministros y la subida de los precios de la electricidad y los combustibles.


El aumento del coste de la vida no sólo afecta a la cesta de la compra, sino también a las partidas vinculadas a las fluctuaciones del IPC, como las pensiones, y presiona sobre los salarios de los funcionarios. Una situación que está provocando fricciones entre los ministerios y que abre un nuevo frente en el debate entre los socios del Ejecutivo sobre la configuración de los presupuestos de 2022, tras los desacuerdos sobre las medidas fiscales y la ley de vivienda surgidos esta semana. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya ha advertido de que las cuentas van a "hervir".


El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, defiende este jueves en el Congreso el proyecto de ley que contempla su reforma de las pensiones, uno de cuyos puntos principales es el matrimonio con el índice de precios al consumo. Sin embargo, los parámetros fijados para definir este ajuste están provocando una fisura entre los ministerios de Seguridad Social y Hacienda -ambos en manos del PSOE- y con Unidas Podemos sobre qué parámetro utilizar para realizar el ajuste.


El ministerio de Escrivá explica que en el proyecto de ley, el aumento de las pensiones se basa en la tasa de inflación media "de los 12 meses hasta noviembre". Esto significa que, si se utilizara este cálculo, se basaría en el índice de precios al consumo medio del periodo comprendido entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, y no en la cifra prevista para el año siguiente. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda recuerda que la nueva ley de pensiones aún está en fase de elaboración y no ha entrado en vigor. Unidas Podemos, por su parte, está de acuerdo con el Ministerio de la Seguridad Social: defiende que las pensiones se actualicen según la reforma, y también reclama que las mínimas y las no contributivas suban más que las demás. Este jueves, Escrivá dio por hecho que este último supuesto se incluirá en los presupuestos, cuya tramitación está siendo más lenta de lo que el PSOE esperaba.

La diferencia entre la elección del método considerado en la reforma para la revalorización de las pensiones y el actualmente vigente no es despreciable. La estimación del Gobierno sobre el deflactor del PIB para 2022 -un indicador de inflación basado en el precio de todos los bienes producidos en el país- es del 1,5%, frente al 2,1% de estimación media del índice de precios al consumo para 2022 que la vicepresidenta Calviño adelantó la semana pasada en una actualización del cuadro macroeconómico. Este porcentaje está en línea con las últimas previsiones del Banco de España y es poco probable que iguale la importante recuperación de precios de los últimos meses.


Según las previsiones de Funcas, la tasa de inflación media anual será del 2,7% en 2021. Esto obligará al Gobierno a compensar a los pensionistas con una paga adicional para cubrir la subida de precios, lo que supondrá un gasto adicional de 2.600 millones de euros, según un cálculo basado en el impacto de las desviaciones elaborado por la Fundación de las Cajas de Ahorros. La compensación de este año será la última que realice el Gobierno, ya que el ajuste será automático a partir del 1 de enero de 2022.


Además del desacuerdo sobre la revalorización de las pensiones, hay otro desacuerdo que sigue: el de los salarios de los funcionarios. Desde 2018, ambas subidas van de la mano, pero aún no hay acuerdo sobre la cuantía del incremento. Además, hay una diferencia fundamental en lo que respecta a los funcionarios: tienen pocas asignaciones para compensar el aumento del coste de la vida.


Fuentes de Unidas Podemos aseguran que los funcionarios deben mantener su poder adquisitivo, pero aún no hay una cantidad concreta. Incluso el programa de estabilidad para el periodo 2021-2024, al que se refiere el Ministerio de Hacienda, no está claro. Incluye un aumento de los sueldos y pensiones de los funcionarios en función de la evolución de los precios, sin más detalles. "A partir de 2022, se prevé aumentar los salarios y las pensiones de los funcionarios en función de la evolución de los precios", dice el documento.


El CSIF recuerda que recientemente, en una reunión con la secretaria de Estado de la Función Pública, Lidia Sánchez Milán, volvieron a llamar la atención sobre la pérdida de poder adquisitivo que el colectivo de funcionarios -2.710.405 según el último registro- ha experimentado en los últimos años, que cuantificaron hasta en un 10%. Por ello, propusieron una senda de crecimiento para los dos años restantes de la legislatura que permitiera solventar este déficit. Fuentes de CSIF señalan que la subida para 2021 sería del 3,6% y, de no aplicarse, "el Gobierno enviaría una señal equivocada".

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