• Jose Luis Díaz

La futura Ley de Vivienda se aplaza a la próxima legislatura

España avanza hacia el control de los alquileres a través de una futura ley nacional de vivienda, pero antes necesita un instrumento que aún no tiene. Se trata de un análisis realizado por el Gobierno, basado en que el actual índice de precios lanzado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Asuntos Urbanos en 2020 no sirve de referencia para fijar los límites de los alquileres para los grandes propietarios. El próximo reglamento da un plazo de 18 meses a partir de la fecha de entrada en vigor para dar tiempo a establecer el sistema, lo que significa que la medida más controvertida del reglamento se retrasará de facto hasta la próxima legislatura.


Para la fijación de estos topes, que sólo se aplicarán a las personas jurídicas propietarias de más de 10 pisos, se trata de construir una estadística que se actualice más rápido que la actual y que sea "eficiente" a la hora de conocer lo que está ocurriendo en el mercado, según ha afirmado el departamento que dirige la socialista Raquel Sánchez. "Estuvimos de acuerdo en que hubiera un registro de contratos de alquiler que sirviera de base para afinar los índices", dice Unidas Podemos, la otra pata del ejecutivo de la coalición. Estas fuentes añaden que se está estudiando la idea de hacer "obligatoria la inscripción en este registro".


El problema estadístico de los alquileres existe desde hace mucho tiempo. España carece de estadísticas oficiales que controlen realmente el mercado, un problema que el Gobierno prometió resolver durante la primera legislatura de Pedro Sánchez. El pasado mes de junio, el anterior titular del Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos, presentó un índice de precios de alquiler, que desde entonces está disponible en la web del Ministerio. Para su construcción se ha consultado al INE y también se ha contactado con los portales inmobiliarios, que son una fuente constante de datos, pero que obtienen los precios de oferta (lo que piden inicialmente los propietarios, que suele reducirse al negociar con el inquilino). Sin embargo, al final se decidió utilizar como base los datos de la Agencia Tributaria, que obtiene información de los propietarios y algunos inquilinos en sus declaraciones de la renta. Sin embargo, el uso de esta fuente tiene un inconveniente: se trata de información anual, que ofrece una imagen demasiado estática y antigua.

Por ello, el gobierno necesita y busca estadísticas más dinámicas y fieles a las fluctuaciones del mercado, especialmente después de una pandemia. "Somos partidarios de los índices autonómicos porque se ajustan más a la realidad de la zona, pero es necesario un índice nacional porque hay comunidades autónomas que no tienen sus propios índices desarrollados", afirma Unidas Podemos. Se refieren a las estadísticas que algunas comunidades autónomas elaboran a partir de las fianzas de alquiler que pagan los propietarios. Cataluña, por ejemplo, ya lo utiliza como base para su propia normativa de limitación de los niveles de alquiler, que está a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional debido a los recursos del PP y del Ejecutivo. Sin embargo, la gran mayoría de los municipios no recopilan estas estadísticas y en algunos incluso el depósito no es obligatorio.


El Ministerio de Transportes, que ha llevado el peso de las negociaciones en el lado socialista del ejecutivo, señala que "el sistema vigente tendrá que actualizarse con el tiempo". Sin embargo, afirma que es demasiado pronto para dar detalles de cómo se pondrá en marcha "en 30 meses" (sumando los 18 meses de vacatio legis y los 12 meses de tramitación parlamentaria que el Ejecutivo espera antes de que se apruebe la norma en el Congreso). Ahora, según estas fuentes, es necesario "consultar a los expertos y considerar posibles formulaciones".


El INE señala que el Gobierno no se ha puesto en contacto con ellos, al menos de momento, para analizar el asunto. Sin embargo, entidades del sector privado revelan algunas conversaciones informales sobre el tema y lo cierto es que el gobierno tiene tiempo por delante. Cuando el Consejo de Ministros dé luz verde al proyecto de ley el próximo martes, comenzará el largo proceso. En el Congreso y en el Senado se están estudiando numerosas enmiendas. Según los planes presentados a Bruselas en su momento, la ley debería aprobarse definitivamente en el segundo semestre del año que viene.



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