• Jose Luis Díaz

La batalla por el precio de la luz puede volver a los Tribunales

Con el objetivo declarado de limitar la escalada de los precios de la electricidad, provocada en parte por la subida de los precios del gas, el Gobierno aprobó un paquete de medidas de emergencia que se aplicarán inmediatamente. Se trata del Real Decreto-Ley 17/2021, en vigor desde el 16 de septiembre. El Ejecutivo pretende frenar las subidas del precio de la energía y reducir las facturas hasta un 30%, situándolas en un nivel similar al de 2018 para los clientes con tarifa regulada: 50 euros al mes por factura.


Se trata de una iniciativa muy controvertida, no por la bajada de impuestos, sino por la deducción de los llamados dividendos del gas, o más castizamente, "beneficios caídos del cielo". Todas las empresas generadoras de electricidad, independientemente del tipo de fuente de energía que utilicen (renovables, nuclear, combustibles fósiles...), venden al mismo precio. Dado que el valor viene determinado por el último, que suele ser el gas natural y el coste de los derechos de emisión de CO₂, que exige la Unión Europea, también afecta al precio.


Para el Gobierno, la prioridad es moderar la factura de los consumidores nacionales de la extraordinaria subida de los precios internacionales del gas natural hasta el 31 de marzo de 2022, cuando se espera que el precio de la materia prima empiece a bajar. El objetivo es que el consumidor medio acabe pagando unos 600 euros en sus facturas anuales en 2021, la misma cantidad que en 2018.


Según fuentes del sector eléctrico, estas medidas no abordan la volatilidad ni el aumento de los precios. Y afirman que para solucionar el problema de unos pocos se han adoptado normas que afectarán al 100% de los consumidores. "Para el 15 de septiembre de 2021, sólo el 12% del total de la demanda nacional se vio afectada por las fluctuaciones del mercado, pero el resto, el 88%, no experimentó estas subidas de precios porque tenía contratos a precio fijo con los comercializadores", señala el sector.

El asunto llegará sin duda a los tribunales. Las principales compañías eléctricas del país ya han respondido y han puesto la batalla legal en manos de sus equipos jurídicos. Por ahora, el único recurso contra el decreto legal será el Tribunal Constitucional, pero tendrán que hacerlo los 50 senadores, los 50 diputados, el defensor del pueblo, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas o sus asambleas. Para proseguir el litigio de otra manera, habría que esperar a la aprobación de la legislación posterior.


Además, las empresas también pueden impugnar indirectamente el Decreto, impugnando los actos dictados en aplicación del mismo y cuestionando su conformidad con la ley. Según José Ramón Mourenza, responsable de regulación energética del bufete de abogados Herbert Smith Freehills, "pueden basar su impugnación en las dudas sobre la adecuación de la medida a determinadas disposiciones del derecho comunitario y de la propia Constitución".


De hecho, las empresas del sector, los fondos de inversión que participan en su capital y las asociaciones de accionistas minoritarios, entre otros, están analizando detenidamente el contenido de la norma para intentar encontrar un resquicio que puedan aprovechar en caso de que entre en conflicto con la libertad de mercado. Francisco Estévez, asesor jurídico de Aemec, socio director de Cremades & Calvo-Sotelo y presidente del comité jurídico de Betterfinance, afirma: "Los propietarios de las empresas energéticas no son entes abstractos, sino sus accionistas. Estas medidas constituyen un embargo de la cuenta de explotación de las empresas afectadas, violando así el principio fundamental de la confianza legítima y causando un perjuicio evidente a los inversores."


Sin embargo, al abordar la regulación constitucional de la libertad de empresa, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 38 de la Constitución Española y en el artículo 16 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, también lo es que el artículo 128 de la Carta Magna permite la iniciativa pública en la actividad económica y permite la intervención en las empresas cuando el interés general lo requiera.









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