• Jose Luis Díaz

La Audiencia Nacional dicta dos sentencias al Banco Popular por ocultar información de las pensiones

La Audiencia Nacional ha dictado las dos primeras sentencias de un recurso contra la multa de 1,14 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al Banco Popular y a siete consejeros por ocultar información sobre sus pensiones y retribuciones. En los dos primeros casos, rechazó los recursos presentados por Unión Europea de Inversiones, el ex director del banco, y el ex consejero delegado Francisco Gómez. Confirmó una grave infracción del artículo 296.1 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. Las sanciones ascendieron a 14.000 euros para la Unión Europea de Inversiones y a 25.000 euros para el antiguo director, y ambos fueron condenados a pagar las costas del procedimiento. Las partes interesadas pueden presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia.


Fuentes jurídicas creen que es casi seguro que cualquier otro recurso que se presente seguirá el mismo camino que estos dos, ya que las circunstancias son muy similares. Además de lo anterior, entre los multados por la CNMV está el Banco Popular -con un millón, la cantidad que tendrá que pagar el Santander como heredero tras su adquisición en 2017-. Además, el ex presidente Ángel Ron y el ex secretario del consejo Francisco Aparicio, con una multa de 25.000 euros cada uno. Luis Herrando y Ana María Molins, como miembros del consejo de administración y de la comisión de retribuciones del Banco Popular, se enfrentan a su vez a una multa de 18.000 euros cada uno, y Jorge Oroviogoicoechea, también como miembro del consejo de administración y de la comisión de retribuciones, a otra multa de 16.000 euros.


La Audiencia aborda el fondo del asunto, afirmando que en los Informes Anuales sobre Remuneraciones de los Consejeros (IARC) de 2013, 2014 y 2015 publicados en la web de la CNMV "vemos que las explicaciones e informaciones dadas sobre la existencia de esta "retribución" distinta y previa a la jubilación fueron todo menos claras y precisas".

La Comisión dijo que el informe sobre las remuneraciones no mencionaba "que los planes de ahorro pueden no estar suficientemente subvencionados para cubrir las contingencias previstas en ellos, en particular el cese del empleo de los directores ejecutivos antes de la edad legal de jubilación". Concluyó que estos documentos de 2013 a 2015 "no explicaban de forma clara, completa y comprensible que los consejeros ejecutivos tienen derecho al pago de pensiones".


La sentencia entendía, de acuerdo con la CNMV, que no se explicaban "de forma clara, completa y comprensible" las cantidades a las que tenían derecho. El problema, según la Audiencia, parte de que el artículo 27 de los estatutos populares "bajo la referencia general a la pensión de jubilación, se refería de forma incoherente a una dualidad que confundía la obligación de complementar la pensión de jubilación con la prestación/recompensa por "jubilación anticipada" desde el momento en que el consejero dejaba la empresa hasta su jubilación".


El Tribunal va más allá: "La información era engañosa en la medida en que daba la impresión de que el único derecho conferido a los administradores por el citado artículo 27, al referirse expresamente a él, era el derecho a un plan de pensiones que cubriera únicamente los casos de jubilación, invalidez y fallecimiento, y no la indemnización prevista como jubilación anticipada". El texto del recurso señala que "el importe de los fondos acumulados en el plan de ahorro" de Francisco Gómez, ex director general, "ascendía a 20,34 millones".



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