• Jose Luis Díaz

Hay mucha preocupación en Génova por el poder que Sánchez da a Vox.

La policía dudó desde el principio de la veracidad de la falsa denuncia.


¿Cuándo perdió la política su moderación, cuándo dejó de cumplir con su deber de esperar y observar el desarrollo de los acontecimientos antes de tomar una decisión? Estas cuestiones no pueden evitarse en el contexto de la escandalosa gestión de las fake news sobre la supuesta agresión homófoba en Madrid. Aunque el gobierno no es el único "actor" que debería reflexionar sobre lo ocurrido.


Desde el principio, la policía tuvo dudas sobre el joven que denunció que un grupo de ocho encapuchados le había grabado la palabra "maricón" en las nalgas. El miércoles, el joven admitió que las lesiones eran voluntarias. Las contradicciones y la obsesión del joven por mantener la máxima discreción, así como la falta de fotografías, hicieron saltar las alarmas de la policía desde el primer momento. ¿Dónde se produjo el fallo de comunicación? ¿Pasó Marlaska la información sin comprobarlo con el Primer Ministro? ¿O acaso la policía, consciente de las dudas, decidió entrar en el juego de las redes sociales porque pensó que le permitiría ganar puntos con la opinión pública y, sobre todo, con una gran parte del electorado de izquierdas?


El Ministerio del Interior niega que estuviera al tanto de las dudas de la policía. Si no es así, debería haber despidos en la policía por no difundir la información con exactitud y precisión. Si es así, el Ministro del Interior debería dimitir. Toda la oposición se lanzó ayer al cuello del Ministro del Interior. De nuevo, aunque en este caso con un razonamiento subyacente más partidista. El PP teme que la gestión de Sánchez y sus errores, deliberados o no, estén dando cada vez más espacio al extremismo, ya sea de derecha o de izquierda. Vox, por supuesto, es lo que le quita el sueño a la cúpula del PP. Y en este caso, tienen razón, porque la frivolidad con la que se maneja este asunto es combustible para el partido de Santiago Abascal, que ayer supo utilizarlo con eficacia. No puede ser más sencillo.


El gobierno no es el único culpable del ataque a la frivolidad, sino que es el más responsable, porque da por sentado que tiene información privilegiada y además tiene el poder de tomar decisiones a corto plazo que pueden cambiar la vida de los ciudadanos. "La agresión a Vox y la utilización política indigna de las personas homosexuales tiene un coste social", dicen los principales partidos de la oposición.


Los estrategas de Sánchez creen que la polarización les beneficia y tratan de utilizarla como herramienta para movilizar a los votantes de izquierda que no parecen muy motivados en las encuestas. Sin embargo, estas maniobras podrían ser contraproducentes, porque están movilizando a los votantes de la derecha, aunque sigan divididos fundamentalmente entre el PP y Vox, más que entre los suyos. Los sondeos de opinión hasta ahora lo reflejan. A día de hoy, Pablo Casado necesitaría a Abascal para gobernar, pero suman y la izquierda no contará aunque repita la mayoría de la moción de censura o investidura con la que el líder socialista logró ser presidente tras las últimas elecciones generales. Asociar a Vox con los delitos de odio, como se ha hecho de los dos órganos de gobierno, el partido socialista y Podemos, enardece a la derecha y consolida el granero de la solidaridad de Vox con la posición de víctima frente a la "manipulación política" del gobierno.


Vox se ha dado cuenta del filón y también ha empezado a encender una campaña de que el gobierno está tratando de ilegalizarlo y que estamos a punto de ver los pasos que conducen a esta decisión. Vox respalda esta acusación argumentando que una de las condiciones para poder presentarse es precisamente que sea un partido que incite al odio.


Moncloa no impugna esta ilegalización, pero a Vox le viene bien ir por esta vía porque les sitúa en una posición de referencia en la derecha y les permite buscar su propio espacio frente al PP.

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