• Jose Luis Díaz

El Tribunal Supremo ha pedido a Italia medidas para que Puigdemont no vuelva a huir

La detención de Carles Puigdemont en Cerdeña (Italia) ha abierto una nueva puerta para que el Tribunal Supremo no tenga que entregar al expresidente catalán exclusivamente a la justicia belga, que hasta ahora ha dificultado la ejecución de las órdenes de detención europeas contra el líder independentista, huido a ese país tras declarar unilateralmente la independencia en octubre de 2017. Consciente de esta posibilidad, el instructor del caso prosés en el Alto Tribunal, el juez Pablo Llarena, ha enviado este jueves un escrito a la justicia italiana en el que asegura que, en contra de lo que afirma la Fiscalía, la euroorden contra Puigdemont sigue vigente y solicita la "inmediata extradición" del expresidente ante el Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña). El juez también pide a Italia que, en caso de que Puigdemont recupere la inmunidad, tome "las medidas que se consideren necesarias" para garantizar su entrega cuando pierda su protección como diputado.


El objetivo de Llarena es mantener vivo en Italia el proceso de ejecución de la Orden Europea de Detención y Entrega, que se inició el pasado viernes tras la detención de Puigdemont en Cerdeña y que está paralizada por las dudas que suscita la inmunidad del expresidente y la supuesta suspensión de la Orden Europea de Detención y Entrega emitida contra él. "Llarena comienza su escrito en el que se opone a la tesis defendida por la Fiscalía en la información enviada al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que llevó al Tribunal General a levantar la inmunidad del ex dirigente catalán el pasado 30 de julio.


El instructor del procés asegura que la validez de la Orden de Detención Europea no ha sido suspendida como consecuencia de una sentencia prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación que Bélgica ha hecho de la directiva que regula las Órdenes de Detención Europeas. El Sr. Llarena señala que, aunque la Recomendación de la UE a los tribunales nacionales sobre las decisiones provisionales establece que la presentación de una solicitud como la planteada en el presente caso implica la suspensión del procedimiento, la propia recomendación subraya que la adopción de medidas provisionales no está sujeta a este régimen de suspensión obligatoria, sino que corresponde al tribunal nacional decidir sobre su suspensión. Y la orden de prisión para el expresidente catalán y la orden de detención europea, que se adoptaron el 14 de octubre de 2019 -el día en que el Tribunal Supremo condenó a Oriol Junqueras y a otros cinco miembros del Gobierno de Puigdemont por rebelión- tienen, según Llarena, "un carácter indiscutiblemente preventivo". "Son decisiones que sirven para mantener al prófugo a disposición de la justicia para que se inicie el enjuiciamiento, que -hasta ahora- ha sido impedido por la fuga", señala el juez.

En su escrito, Llarena alega que es el único que tiene potestad para activar y desactivar la Orden de Detención Europea, y como no ha dictado ninguna resolución de suspensión, la orden sigue activa. Y en su relato, acusa a la fiscalía de anunciar que la Orden de Detención Europea había sido suspendida cuando sabía que no era así. "Esta situación [que la orden de detención esté vigente] no habría sido desconocida por la fiscalía, ya que es parte en el proceso penal ante el Tribunal Supremo", dice el investigador, que recuerda que el alto tribunal nunca informó al servicio jurídico del Gobierno de la suspensión de la orden de detención europea, "ni la fiscalía abogó por esa decisión".


El primer objetivo de Llaren es que Italia extradite al expresidente, pero el instructor está preparando el terreno por si Puigdemont, como ha anunciado, pide a la justicia europea que le devuelva la inmunidad como medida cautelar. Si eso ocurre, Llarena pide a Italia que no archive el proceso, sino que lo suspenda y que, tal y como recoge la normativa que regula la orden de detención europea, adopte "las medidas que se consideren necesarias para que sigan existiendo las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva" cuando Puigdemont vuelva a perder su escudo. Sobre la base de esta solicitud, fuentes judiciales dijeron que Italia podría imponer al ex presidente un grado de control compatible con su inmunidad, como comparecencias periódicas ante los tribunales.


En Italia, el jueves, la carta del juez Llarena levantó ampollas, que fueron interpretadas como una medida de presión ante la idea preexistente de que Puigdemont sería liberado de nuevo tras su declaración del 4 de abril. Fuentes jurídicas cercanas al caso señalan que la decisión depende enteramente del tribunal, pero en cualquier caso sería extraño que la decisión que se tome sea diferente a la ya esbozada al no imponer medidas cautelares al ex presidente.



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