• Jose Luis Díaz

El poder judicial espera que el pacto exprés entre PP- PSOE los aproxime a la renovación del Consejo

La rápida renovación de los órganos constitucionales sin el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sorprendió a la Comisión Permanente del Órgano de Gobierno Judicial en su reunión semanal del jueves. El presidente, Carlos Lesmes, que se encontraba en ese momento en Yuste (Cáceres) para la entrega de un premio europeo a Angela Merkel, no estuvo presente, pero la noticia fue recibida con satisfacción por los socios presentes, según los contactados.


La opinión mayoritaria es que, aunque el acuerdo deja fuera al Consejo, es positivo que se hayan desbloqueado las instituciones y que PSOE y PP se hayan reunido para negociar. "Es el camino a seguir. Si ayuda a ambas partes a renegociar, es mejor que lo que había hace unos días", dice uno de los diputados elegidos en la moción del PP. Otros miembros del Consejo consultados, tanto del bloque conservador como del progresista, son de la misma opinión. Consideran que el acuerdo es un primer paso positivo y confían en que el CGPJ se resuelva tras la recuperación de los cuatro órganos: "El gran escollo está en el Consejo y entendemos que esto no debe lastrar al resto. Pero la convergencia debe servir para desbloquear todo", dice un miembro progresista.

Ninguno de los miembros entrevistados reprocha al PP y al PSOE que hayan acordado renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, dejando fuera del pacto el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiraba en diciembre de 2018. "El acuerdo es bueno y abre la puerta a encontrar un espacio para la renovación del Consejo", dice un miembro del sector conservador. "Normaliza el clima, es bueno para la normalidad institucional", añade.


Los miembros del órgano de gobierno de los jueces anticipan que, aunque el PSOE y el PP están ahora dispuestos a sentarse a negociar, la renovación de este órgano no será tan sencilla como la de las instituciones acordada el jueves. Y aunque los miembros de los dos bloques coinciden en una lectura optimista del paso dado ahora, hay mayor desacuerdo a la hora de asignar la responsabilidad de la situación transitoria en la que se encuentra el Consejo. Según los progresistas, la culpa la tiene el PP y especialmente su presidente, Pablo Casado. "Tiene derecho a querer cambiar la forma de elección del Consejo, pero si admite públicamente que el sistema actual debe servir para la renovación, es inaceptable que el futuro Estado nos bloquee", dice el diputado elegido a propuesta del PSOE. Por parte de los conservadores, el concejal promovido por el PP cree que ambas partes deberían "flexibilizar sus condiciones". "No puede haber ganadores ni perdedores, tenemos que buscar una solución que funcione para todos. La situación se ha vuelto muy tensa y ambas partes han escalado en sus posiciones. Deberían volver al punto medio", dice.


Varios miembros entrevistados coinciden en que la exigencia del presidente del Partido Popular de que se apruebe la reforma legal antes de que se restablezca el CGPJ es difícil de cumplir porque retrasaría o incluso ahogaría las negociaciones durante mucho tiempo, dada la negativa del PSOE a cambiar el sistema de elección de los miembros del CGPJ. Los diputados conservadores han impulsado soluciones "transitorias", como un proyecto de ley en el que ambos partidos se comprometan a reformar el sistema actual hacia una participación más directa de los jueces. Los progresistas se dividen entre los que se oponen a un cambio en el sistema electoral y los que están a favor de aplicarlo, aunque no necesariamente según el modelo exigido por el PP.

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