• Jose Luis Díaz

El Gobierno se plantea subir el sueldo a los funcionarios un 2%

Según fuentes conocedoras de las negociaciones, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha propuesto a los representantes de los sindicatos de funcionarios una subida salarial del 2% para el próximo año. El ministerio, dirigido por María Jesús Montero, convocó el martes a los sindicatos que representan a los empleados públicos (CC OO, UGT y CSIF) para negociar una subida salarial para 2022. En dicha reunión, el Ministerio de Hacienda propuso una revalorización salarial del 2% para el próximo año, que se acerca a la media de la inflación prevista por el ejecutivo para el próximo año.


El ministerio también propuso aumentar la tasa de reposición, es decir, la indemnización por cada jubilación o baja por enfermedad, por encima del 100% para todas las categorías y puestos de los empleados públicos. La tasa de reposición normal sería del 105%, del 115% en los sectores prioritarios, del 120% en las fuerzas de seguridad y organismos estatales y del 120% en la administración local.


Los sindicatos han reclamado al Ministerio de Hacienda que convoque la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas ante la posibilidad de que este martes el Consejo de Ministros apruebe los presupuestos generales del Estado para 2022. CC OO ha decidido no acudir a la reunión, lamentando que se haya convocado a última hora y sin ningún tipo de documentación acreditativa. "Los empleados públicos no se merecen esta falta de respeto a la negociación colectiva", dijeron en un comunicado el lunes.

El año pasado, los salarios de los empleados de las administraciones públicas se incrementaron un 0,9% hasta el presupuesto de 2021, de acuerdo con la previsión de inflación del ejecutivo. Los representantes de los trabajadores habían exigido un aumento salarial para compensar la pérdida de poder adquisitivo de este año. La inflación cerró septiembre en el 4%, el nivel más alto desde el inicio de la última crisis financiera. Si se cierra a esos niveles, lamentan los sindicatos, los empleados públicos perderán casi tres puntos porcentuales de poder adquisitivo.


Por ello, fuentes sindicales cercanas a las negociaciones consideran insuficiente un aumento salarial del dos por ciento y rechazan cualquier propuesta que suponga una pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos.


Desde que Pedro Sánchez llegó al poder, los empleados públicos han visto aumentar su poder adquisitivo en 3,7 puntos. Además, el Gobierno socialista acaba de aprobar la mayor oferta de empleo público de la historia, con 23.491 plazas (30.445 si se incluyen las fuerzas de seguridad y los organismos estatales).


Aunque los aumentos salariales de los funcionarios y los pensionistas han ido de la mano en los últimos años, no hay ninguna norma que prevea aumentos salariales para los funcionarios, que tampoco tienen derecho al pequeño salario que reciben los pensionistas cuando la inflación sube por encima de lo previsto. Antes de la subida del 0,9% en 2020, la revalorización 2018-2020 estaba vinculada a un plan plurianual pactado entre los sindicatos y el anterior Gobierno del PP, que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió mantener. Este acuerdo se tradujo en subidas salariales del 1,75% en 2018, del 2,5% en 2019 y del 2% en 2020.


El aumento de los salarios de los funcionarios es uno de los varios frentes abiertos en las negociaciones presupuestarias entre los socios del ejecutivo.


Los dos partidos gobernantes, PSOE y Unidas Podemos, están negociando en el último momento para ultimar el proyecto de presupuestos del próximo año. Este lunes, los equipos negociadores de los socialistas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de Presidencia, Félix Bolaños, y de Unidas Podemos, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, trataban de llegar a un acuerdo, pero éste sigue estancado por los desacuerdos sobre la ley de vivienda. Según fuentes gubernamentales, las posturas han convergido, pero todavía hay diferencias sobre cómo regular los alquileres.







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