• Jose Luis Díaz

El dialogo en Cataluña comienza con el Govern fracturado por el golpe en la mesa de Aragonès.

El presidente excluye a su propio socio en la Generalitat para salvar la reunión con Sánchez.


A diferencia del anterior gobierno presidido por Quim Torra, el gobierno catalán, que preside ERC, ha conseguido mantener a raya el ruido sobre sus diferencias. Hasta el martes. En un ejercicio de poder sin precedentes, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, suspendió la participación de sus socios de Junts en la mesa de diálogo con el Gobierno central que debe celebrarse este miércoles en Barcelona. Junts quería que dos de los ex dirigentes del procés indultados, Jordi Turull y Jordi Sànchez, asistieran al foro en su nombre. El jefe del Govern se negó, diciendo que no eran miembros del consejo, y pidió que se presentaran otros nombres. En Junts no cedieron, por lo que la reunión para intentar resolver el conflicto político, uno de los puntos clave del proceso legislativo, comienza con las sillas vacías y una exhibición de la fragmentación del ejecutivo catalán.


"Tenemos una oportunidad y no la voy a desaprovechar", dijo Aragonès el martes en un discurso de urgencia tras la reunión semanal del gabinete catalán. La reunión de los consejeros comenzó con alta tensión después de que Junts diera al presidente los nombres de sus representantes en la mesa. El partido liderado por Carles Puigdemont había evitado desvelarlas hasta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció si asistiría a la reunión, lo que ocurrió en una entrevista con la televisión de TVE el lunes por la noche.


El secretario general de Junts, Jordi Sánchez, dijo a Aragonès que en la delegación estarían, además de él, el vicepresidente Jordi Puigneró, Turull y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. El enfado en las filas republicanas fue mayor cuando casi simultáneamente el partido de Puigdemont envió un comunicado con la lista. La consternación obligó a suspender la sesión del Consell Executiu.



En Junts, siempre muy escépticos con respecto a la vía del diálogo, se pasaron todo el verano bombardeando la forma en que estaba formada la mesa. Pero para fuentes republicanas, la acción del martes fue más allá de la mera retórica y se convirtió en un ataque directo a uno de los elementos centrales de la legislación y el plan de ERC para forzar un referéndum de independencia.


El partido de Puigdemont argumentó que en ninguna parte del pacto de gobierno se dice explícitamente que los representantes en la mesa de negociación deben ser consejeros del gobierno catalán. Aragonès ha insistido en esta idea durante todo el verano, justo después de que unas declaraciones de la portavoz de ERC, Marta Vilalta, se interpretaran como un deseo de que Oriol Junqueras se sentara en este foro de diálogo. Fuentes del bando aragonés aseguran que hubo un acuerdo "no verbal" para que la delegación catalana incluyera a los consejeros. Sànchez lo negó.


El presidente dio un golpe en la mesa al firmar un decreto que confirma a los representantes de ERC (él mismo y los consejeros Laura Vilagra y Roger Torrent) y deja el camino libre a Junts. "La puerta de la delegación está abierta a otros miembros del Gobierno que lo propongan", dijo Aragonès. "Las delegaciones son delegaciones gubernamentales, es una forma de representar al país en su conjunto", concluyó.


En el Palau se vivieron momentos de tensión por la indecisión de Pedro Sánchez de acudir o no a la reunión. La agenda aún no estaba fijada y los republicanos estaban preocupados por el futuro de una parte crucial de su historia. Después de ser criticados por Junts durante todo el verano, y tras la presión generada por la Diada la semana pasada, el "sí" de Sánchez les dio un respiro. Pero no esperaban el golpe de Junts. "Pido a todos la máxima lealtad, no la lealtad a una persona del partido, sino al máximo representante del municipio", reclamó Aragonès, que insistió en defender el referéndum independentista y la propuesta de amnistía en la mesa de negociación.


Moncloa alabó la decisión del jefe del Gobierno, que implica que sólo se sentarán en la mesa de diálogo quienes estén convencidos de esta solución al conflicto territorial. "El marco siempre ha consistido en dos delegaciones de trabajo de ambos gobiernos. No entendemos otro marco y por eso apoyamos la propuesta que acaba de hacer el presidente de la Generalitat", dijo la portavoz del ministro, Isabel Rodríguez.


Pedro Sánchez también aprovechó para enviar un mensaje a ERC y su decisión de limitar temporalmente el diálogo sometiéndolo al escrutinio del independentismo en 2024. "Para evitar la frustración, no fijemos plazos, y menos de dos años. Lo que ha ocurrido en los últimos diez años no se resolverá en dos, tres o cuatro años", defendió.


A pesar de la naturaleza de la disputa, tanto Aragonès como Jordi Sànchez trataron de restarle importancia y separarla del trabajo diario del ejecutivo. ERC y Junts no sólo tienen que aprobar el plan del Gobierno, sino también los presupuestos para 2021 y el esfuerzo por encontrar una fórmula para reactivar la inversión de 1.700 millones de euros en el aeropuerto de El Prat. "El fracaso de la legislación no se puede medir por lo que pasó con la mesa", cree Sànchez.


En todo momento, el presidente de Junts ha evitado atacar a Aragonès, diciendo que la culpa del "veto" a su nombre y a otros propuestos por su partido es de La Moncloa. Una acusación que rebatió con el contenido de los tuits y la reacción del gobierno ante su ausencia en la mesa. "No dejamos sillas vacías, no nos dejaron entrar", dijo el líder de Junts, que no descartó que su partido se incorpore al foro en otro momento. La presidenta del Parlamento, su compañera Laura Borràs, fue más contundente: "Pedro Sánchez nos tiene donde quiere: luchando por quién y no por qué", escribió en Twitter.


El ERC espera que la reunión no sea una mera foto y que Aragonès pueda mostrar una metodología de diálogo y quizás incluso un calendario de reuniones. Ambas partes afirman que, tras el estancamiento de la pandemia, no se puede discutir el núcleo del problema. Sánchez ha recordado a TVE que el referéndum es inconstitucional.


Es legalmente imposible acelerar las elecciones en Cataluña. La votación no puede ser convocada de nuevo hasta que haya pasado al menos un año desde la toma de posesión de la actual ejecutiva. Ninguna de las dos fuerzas independentistas quiere ser acusada de romper el matrimonio de conveniencia. El Gobierno, que comenzó su andadura debatiendo en diversos foros para resolver sus fricciones, se está encontrando con que, a pesar de haber cambiado de cara, sus diferencias irreconciliables aún persisten.

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