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El Constitucional planea una sentencia por el cierre del Congreso durante el primer estado de alarma


El receso parlamentario decidido por la Mesa del Congreso de los Diputados el 19 de marzo de 2020, cinco días después de que el Gobierno declarara el estado de alarma que confinó a toda España por la pandemia, vulneró el derecho de control del Gobierno por parte del poder legislativo. Con este argumento, el Tribunal Constitucional tiene previsto anular en las próximas semanas los acuerdos del Congreso que, según fuentes judiciales, limitaron las actividades del Parlamento durante la primera fase de la pandemia.


Este jueves, los magistrados atendieron un recurso de amparo presentado por Vox hace 18 meses contra la suspensión de la actividad parlamentaria, y la mayoría conservadora ordenó al ponente de la sentencia que modificara el texto para identificarse con parte de los argumentos de la extrema derecha y considerar inconstitucional la decisión de la Mesa del Congreso. La suspensión de los plazos de las iniciativas parlamentarias pendientes estuvo vigente desde el 14 de marzo hasta el 13 de abril de 2020.


El ponente de la decisión, el magistrado Antonio Narváez, elaboró un texto en el que proponía rechazar la objeción de Vox. Sin embargo, el debate mostró que había una mayoría en el Tribunal Constitucional a favor de anular la resolución de la Cámara que limitaba las posibilidades de control parlamentario.



En un momento del debate, las posiciones estaban cinco a cinco. Debido a la ausencia del magistrado Alfred Montoya, del sector conservador, que sufría una pequeña dolencia, estuvieron presentes 10 miembros. Se decidió no votar a la vista de que el propio ponente, según las fuentes contactadas, había expresado su deseo de reconsiderar la decisión con vistas a estimar el recurso una vez escuchadas las razones expuestas en el debate, que duró dos días.


Por ello, el ponente presentará en la próxima sesión plenaria un nuevo proyecto de decisión en el que se propone la anulación de las medidas adoptadas por la Mesa del Congreso para suspender los plazos de tramitación de las iniciativas parlamentarias en relación con la propagación de la pandemia. El Senado se sumó a estas medidas.


Los razonamientos contenidos en la nueva decisión permiten anticipar el criterio de que el Tribunal Constitucional puede llegar a considerar una demanda, también de Vox, contra el segundo estado de peligro. En ella, el partido volvió a cuestionar la falta de control parlamentario que, a su juicio, se produjo en esta etapa de la crisis sanitaria, es decir, desde octubre de 2020 hasta el pasado mes de mayo, a pesar de que el presidente del Gobierno y los otros cinco ministros de Sanidad que gestionaron la pandemia (Salvador Illa y Carolina Darias) comparecieron en dos ocasiones ante el Pleno.


En el debate sobre la limitación de la actividad parlamentaria, quedó claro que Narváez no contaba con los votos necesarios para su primera tesis, ya que sólo cuatro magistrados le apoyaron. Como el quinto, finalmente -y dado que se esperaba que los magistrados ausentes apoyaran la tesis del segundo bloque- adoptó la postura contraria: es decir, que los derechos de los diputados podían considerarse vulnerados por el acuerdo de la Mesa. Fuentes judiciales creen que, a la vista de las posiciones expresadas en el Pleno, el resultado de la votación a favor de la anulación de estos acuerdos de la Cámara podría no quedarse en el margen de seis a cinco con el que se decidió el primer estado de peligro, sino que daría un mayor respaldo en este caso a la tesis de que la medida de ralentizar el trabajo parlamentario vulneraba los derechos de los diputados.

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