• Jose Luis Díaz

El CGPJ recurre a la Sala Militar para evitar el colapso del Tribunal Supremo.

El Tribunal pierde el 10% de sus jueces, que no pueden ser sustituidos debido al bloqueo del Poder Judicial. La Sala de lo Contencioso es la más afectada por las vacantes no cubiertas.


El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto recurrir de forma excepcional a los jueces de la sala militar para evitar el previsible colapso de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, encargada de resolver los recursos contra el Gobierno, entre otras cosas. Esta insólita medida es la última solución que explora el gobierno de los jueces para resolver los problemas de funcionamiento que empezarán a surgir en el Tribunal Supremo en los próximos meses como consecuencia del estancamiento de la renovación judicial y la reforma legal que impide el nombramiento de plazas de magistrados.


El tiempo corre en contra del poder judicial español. El bloqueo de tres años en el poder judicial -como consecuencia de la negativa del PP a acordar la renovación de este órgano, tal y como prevé la Constitución- y la reforma legal que impide desde hace un año el nombramiento de jueces para las plazas vacantes, están dificultando el funcionamiento del órgano fundamental del sistema democrático.


El Tribunal Supremo, máximo órgano judicial de España, que está formado por cinco salas (civil, penal, contenciosa, social y militar) y cuenta con 80 magistrados, perderá este año una docena de sus jueces (ocho por jubilación y dos han fallecido) sin poder cubrir esas vacantes. La mitad de las salidas se produjeron en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que es la que más casos conoce y la que más jueces tiene.




Los funcionarios judiciales afirman que hasta el momento no ha habido grandes problemas en la tramitación de los recursos de casación tramitados por las distintas secciones de esta sala del Tribunal Supremo. Sin embargo, advierten que las primeras dificultades graves aparecerán en seis meses. La solución más sencilla está del lado de la gente. Si ha desbloqueado la renovación, los nombramientos de los puestos vacantes pueden volver a producirse porque sus votos en el Congreso y el Senado permiten al Gobierno alcanzar los tres quintos que exige la ley para elegir un nuevo Consejo. Pero esa posibilidad parece muy remota, a juzgar por las palabras y acciones del presidente del PP, Pablo Casado.


El Gobierno de los jueces ha estudiado el problema, que se agrava con la llegada de nuevos jubilados al Supremo, y ha encontrado una solución de urgencia que pretende aplicar a partir de los primeros meses de 2022: los magistrados del colegio militar del Supremo, que es el que menos carga de trabajo tiene en la actualidad, podrán compaginar su trabajo con el del colegio contencioso-administrativo, al que pueden ser enviados excepcionalmente para evitar el colapso de este órgano por la falta de jueces. Actualmente se está trabajando en este plan de contingencia.


La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, con 31 magistrados, es uno de los principales motivos de preocupación en el Consejo General del Poder Judicial. Este año se cerrará con seis salidas (por fallecimiento o jubilación) que no se han cubierto debido a la actual reforma legal que impulsa el Gobierno, que prohíbe al Consejo nombrar a los jueces cuando su mandato ha expirado, como ocurre actualmente.


La controvertida Sala de lo Contencioso-Administrativo tendrá que pronunciarse en los próximos meses sobre dos recursos que pretenden anular decisiones clave del Gobierno de Pedro Sánchez: el indulto a los independentistas condenados en el juicio del procés y el nombramiento de la ex ministra Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Se trata de una sala clave en el funcionamiento de la administración judicial, ya que conoce de los recursos contra las decisiones del Gobierno central, el Congreso y el Senado, el Tribunal de Cuentas e incluso el Tribunal Constitucional.


El Poder Judicial ha considerado varias opciones para evitar el colapso de esta cámara por la existencia de vacantes. En primer lugar, se planteó recurrir a jueces administrativos jubilados del Tribunal Supremo o a jueces de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Sin embargo, ninguna de estas formulaciones les convenció, según explicaron los responsables del Consejo. Por otro lado, explican los mismos dirigentes, los magistrados de la Sala de lo Militar son especialistas en el ámbito contencioso-administrativo y penal, dado el tipo de recursos que tienen que tramitar.


El Consejo General del Poder Judicial, lastrado por una reforma legal que le impide realizar una de sus principales funciones una vez finalizado su mandato de cinco años -nombrar a los jueces para las plazas vacantes-, lleva varios meses estudiando medidas que eviten el colapso de la administración judicial.


La reforma legal que imposibilita los nombramientos, una medida con la que el Gobierno pretendía presionar al PP para que desbloqueara la renovación de las plazas judiciales, ha afectado ya a medio centenar de altos cargos en su primer año de aplicación. Además de las ocho plazas del Tribunal Supremo que han quedado vacantes por fallecimiento o jubilación y que no pueden ser cubiertas, hay otras 40 plazas de magistrado con el mandato vencido que permanecen en las audiencias provinciales o en los tribunales superiores sin ser renovadas.




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