• Jose Luis Díaz

El caso Puigdemont está lleno de giros jurídicos y políticos

La citación del lunes de Carles Puigdemont ante el Tribunal de Apelación de Sassari marcará el futuro judicial inmediato del expresidente catalán. El Tribunal Supremo solicita su extradición para juzgarle por sedición y malversación, pero las dudas sobre su inmunidad y los efectos de una cuestión prejudicial planteada por el juez instructor del caso español Pablo Llarena hacen improbable una extradición rápida. El enredo judicial y político de la orden de detención europea contra Puigdemont no tiene precedentes en la historia de la cooperación jurídica entre los países de la UE, pero estos son algunos de los escenarios que podrían darse a partir de ahora.


La primera prueba en Italia. Este lunes, el ex presidente de la Generalitat está citado en el Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) para una vista en la que se estudiará la petición de extradición realizada por el juez Pablo Llarena. La justicia italiana puede continuar el proceso de ejecución de la orden de detención europea y decidir si impone alguna medida cautelar a Puigdemont. El expresidente reside en Bélgica y ahora no goza de inmunidad parlamentaria, por lo que los juristas contactados creen que lo "lógico" sería que Italia adoptara algún tipo de medida de control para garantizar que Puigdemont esté a disposición de los tribunales italianos en caso de necesidad. Como otra posibilidad, estas fuentes señalan que Italia podría suspender el juicio hasta que la justicia europea se pronuncie sobre su inmunidad o resuelva la cuestión previa planteada por Llarena sobre la orden de detención europea que tramita Bélgica.


Inmunidad preventiva. La defensa del ex presidente pidió este viernes al Tribunal General de la UE (TGUE) que le devuelva, como medida cautelar, la inmunidad que le fue levantada el 30 de julio. Si la justicia europea le da la razón, es de suponer que el juez italiano paralizará el proceso, al menos hasta que el TJUE se pronuncie definitivamente sobre el amparo de Puigdemont (debe resolver su recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarlo). Llarena ya había planteado esta posibilidad en una carta enviada a Italia el jueves, en la que le pedía que tomara "medidas" para garantizar la extradición del ex presidente en el futuro, en línea con la norma europea que regula la euroorden. No hay ninguna norma que establezca claramente qué medidas pueden adoptarse contra una persona que goza de inmunidad parlamentaria. El TJUE podría concretarlo (aunque no es su obligación) en una resolución que dicte para restablecer la inmunidad del expresidente catalán como medida cautelar, pero los juristas contactados coinciden en que en cualquier caso no se le podría imponer ninguna medida de internamiento.

Si Puigdemont recupera la inmunidad, ¿podrá viajar a España sin arriesgarse a ser detenido? No. Podía circular libremente por cualquier país, excepto por España. El Protocolo de la UE sobre privilegios e inmunidades establece que los diputados al Parlamento Europeo tienen la misma inmunidad en su propio país que los diputados nacionales. Y en España, los diputados no tienen inmunidad si han sido procesados antes de ser diputados o senadores. Dado que el Tribunal Supremo estaba actuando contra Puigdemont mucho antes de que fuera elegido para el Parlamento Europeo, el expresidente podría haber sido detenido y llevado ante el Tribunal Supremo.


Sin inmunidad, Italia manda. Si el tribunal se niega a renovar su protección, el ex presidente seguirá sin inmunidad. En tal caso, Italia podría seguir al procedimiento de transferencia, que debería resolverse en un plazo de 60 días (prorrogable por otros 30 días y ampliable mediante recurso). Sin embargo, la justicia italiana también podría suspenderla hasta que se resuelva la cuestión prejudicial planteada por Llarena. Algunos abogados con los que se ha contactado señalan que esta cuestión sólo afecta a los procedimientos en Bélgica (el juez español preguntó específicamente por la interpretación belga de la directiva que regula las órdenes de detención europeas), por lo que no hay razón para suspender el caso en Italia. Sin embargo, el propio Llarena dejó entrever esta posibilidad en una carta enviada al tribunal italiano el jueves, señalando que la justicia italiana podría entender que la respuesta a la cuestión prejudicial le concierne, por lo que podría decidir suspender el procedimiento de entrega hasta que se resuelva.


¿Podrían coincidir dos órdenes de detención europeas? Si Italia decide seguir adelante con el caso el lunes, es posible que los procedimientos de entrega belgas e italianos se superpongan en el futuro. ¿Es esto posible? No hay ninguna norma que lo impida, pero los expertos jurídicos con los que se ha contactado creen que lo ideal sería que Bélgica e Italia se coordinaran, y que el procedimiento del país donde se cree que está el expresidente catalán tuviera preferencia. Marta Muñoz de Morales, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Ciudad Real y experta en Derecho Penal Europeo, sugiere que se solicite la intervención de la Agencia Europea de Cooperación Judicial (Eurojust) para que estudie el caso y emita una resolución no vinculante.


Expectativa de entrega. Las posibilidades de que Bélgica lleve a Puigdemont a juicio por sedición y malversación son limitadas, aunque la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial de Llarena puede cambiar este escenario. Por otro lado, Italia ha establecido una cooperación con la justicia española en los procedimientos de extradición de delincuentes fugitivos, por lo que los abogados contactados creen que si el tribunal italiano decide seguir adelante con el procedimiento, hay razones legales para creer que podría tener éxito. La sedición no es uno de los delitos por los que se emiten automáticamente euroórdenes, por lo que para que el juicio prospere en el Tribunal Supremo debe cumplirse la condición de la doble incriminación: que los hechos de los que se acusa al expresidente catalán sean también considerados delictivos en Italia. Algunos abogados creen que los actos atribuidos a Puigdemont por el Tribunal Supremo no entran en el código penal italiano, pero otros no están de acuerdo.


En un artículo publicado online en Almacén de derecho, el profesor Muñoz de Morales y su colega Adán Nieto consideran que hay varios delitos que los jueces italianos deberían tener en cuenta. Se trata de los artículos 336, 337 o 338 del Código Penal italiano. Estas infracciones penales castigan a quien utiliza la violencia o las amenazas contra un funcionario público o una persona encargada de un servicio público para inducirle a realizar un acto contrario a sus obligaciones o a omitir un acto propio de su cargo o servicio (Art. 336); quien de la misma manera se oponga a un funcionario público o a una persona encargada del cumplimiento de un deber público en el ejercicio de su cargo o servicio (art. 338); o quien utilice la violencia o las amenazas contra una corporación política, administrativa o judicial o sus miembros para perturbar o impedir, total o parcialmente, sus actividades o para influir en su conducta.

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