• Jose Luis Díaz

El boomerang del odio a las ideas de la derecha

La denuncia falsa de la agresión homófoba en Madrid pone de manifiesto la instrumentalización política del Gobierno y de la izquierda.


Los recientes casos de agresiones homófobas en España han puesto de manifiesto lo peor de la condición humana y han devuelto al espacio público la lucha entre partidos por utilizar el espacio sociológico e ideológico para defender los derechos del colectivo LGBTI. Un territorio que parece reservado a la izquierda y en el que, incluso dentro de este espectro, hay competencia y una lucha oculta por el liderazgo institucional. El PSOE y Unidas Podemos reclaman una representación exclusiva para los que luchan en el movimiento por la libertad, cultivando el botín electoral en lugar de reconocer que la cultura LGTBI es un fenómeno transversal que incluye y debe incluir a todos los partidos.


Se niega que estos derechos puedan ser defendidos por los partidos de derecha. Cabe recordar que en 2019 -cuando la pandemia aún no se había colado en nuestras vidas- representantes de Ciudadanos fueron acosados en una manifestación del Orgullo Gay, y que ese mismo año, en el marco de la movilización del 8-M, representantes del Partido Popular fueron increpados. La izquierda pretende tener el monopolio político exclusivo de unas reivindicaciones sociales que son de todos y que apoyan la mayoría de los políticos de derechas.




El oportunismo político y la sobreactuación en este ámbito se ha mostrado de la forma más cruda posible en el caso del joven que denunció la agresión de un grupo homófobo en el barrio madrileño de Malasaña el pasado domingo. Fuentes del Ministerio del Interior informaron ayer de que, gracias a la actuación policial, "el joven decidió rectificar su declaración inicial y declaró que las lesiones inicialmente denunciadas eran voluntarias." Una acusación falsa que, si bien no deslegitima el caso ni la reyerta, pone en evidencia la sobreactuación de los políticos y la forma oportunista en que se mueven en ámbitos tan sensibles. Una banalización que además hace un flaco favor a quienes se atreven a denunciarlo, y que lastra los argumentos de quienes cuestionan la existencia de la lacra de la homofobia.


La falta de cautela y la rapidez con la que se emiten juicios políticos y mediáticos, sacando conclusiones sin esperar a ver los hechos, hizo que mientras la policía enfrentaba al denunciante con las lagunas de su relato -porque algo no cuadraba, no hubo testigos ni cámaras que captaran al grupo de agresores-, lamentaron en los medios el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y otros miembros de Podemos, afirmando en términos lacónicos o directos que "los discursos públicos y políticos que a veces se dispersan", en clara referencia a Vox, y los que se expresaron en las redes sociales, crean un "caldo de cultivo" para los "delitos de odio". Este caso recuerda necesariamente a las amenazas proferidas contra algunos miembros del Gobierno durante la campaña electoral del 4-M en la Comunidad de Madrid. El PSOE trató de explotar esto de forma partidista ("tiren todas las encuestas, la campaña empieza ahora", llegaron a decir) y finalmente se vio superado por una investigación policial.


El Gobierno, que había retomado un curso político centrado en la agenda social y la recuperación económica, vio en ello una oportunidad para abrir un debate. Un debate cuyo liderazgo institucional quiso aprovechar. Moncloa ni siquiera esperó a que se cerrara el caso, apenas 48 horas después de la presunta agresión, anunció que Pedro Sánchez dirigiría la comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio. El nuevo giro del caso no impedirá que se mantenga el orden del día y el presidente asistirá a la reunión de mañana. La reunión sirvió para avanzar en la elaboración del segundo plan de acción de lucha contra los delitos de odio para el periodo 2022-2024, que tiene como objetivo "actualizar los delitos de odio y adoptar los cambios oportunos para evitar que los grupos que quieren devolver el odio a las calles lo hagan".


El propio Sánchez, durante su intervención ante los simpatizantes de los socialistas en el Congreso, defendió ayer la labor de los gobiernos socialistas en la defensa y promoción de los derechos del colectivo LGBTI, argumentando que "no habrá más armarios, sino un gobierno comprometido con la diversidad que utilizará todos los medios para acabar con los delitos de odio." Un compromiso que debe mantenerse -así como el de agilizar la tramitación del proyecto de ley Zerol- ahora que el foco de la instrumentalización se desvanece.

1 visualización0 comentarios