• Jose Luis Díaz

Casado propone a Sánchez la renovación del Tribunal Constitucional

La renovación del Tribunal Constitucional, propuesta el miércoles por el presidente del PP, Pablo Casado, es una operación mucho más compleja que la simple sustitución de los cuatro magistrados cuyo mandato se prorrogó un año y medio al no poder llegar a un acuerdo sobre su relevo. Entre los afectados por el cambio están el actual presidente y vicepresidente del Tribunal de Garantías. Y esto es importante no sólo por la especial importancia de la presidencia, sino también porque la duración del mandato puede depender de quién sea elegido para ese cargo.


Los doce magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos cada tres años por el sistema de tercios, quedando un total de nueve magistrados en el Tribunal. En virtud de un acuerdo no escrito, en cada renovación uno de los cuatro jueces que inician los tres últimos años de su mandato se convierte en el candidato a presidente. Dada la actual mayoría conservadora, es de suponer que si la renovación se produjera ahora, Pedro González-Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional que fue propuesto entonces por el PP, sería nombrado presidente, en principio por un corto periodo hasta julio del año que viene. La próxima renovación del Tribunal Constitucional está prevista para esa fecha, y se discute si el pleno tendría que reunirse entonces para reelegir al Presidente.


Si en esta ocasión se rompiera la tradición, y se entendiera que el reglamento interno no necesita ser votado de nuevo, se podría nombrar ahora al magistrado Ricardo Enríquez, que también fue elegido a propuesta del PP y cuyo mandato al frente del Tribunal Constitucional podría prolongarse hasta 2026, lo que para el sector conservador del tribunal supondría un dilema: elegir a Trevián para un periodo corto, o a Enríquez, que se aseguraría la presidencia para un periodo más largo.

Con Enríquez, la actual mayoría conservadora trataría de asegurarse durante al menos tres años el desempeño de las funciones más importantes de la dirección de la institución, entre ellas la de fijar el orden del día de los plenos. Este poder significa que el presidente controla la agenda de decisiones del Tribunal Constitucional y puede promover o no promover decisiones en base a criterios que no tiene que justificar ante nadie. No hay control parlamentario del Tribunal Constitucional, y la Fiscalía acaba de informar al Tribunal Supremo de las posibles consecuencias de los retrasos en el examen de las denuncias contra la ley del aborto, subrayando que el ordenamiento jurídico presupone que "la resolución del Tribunal Constitucional no puede ser perseguida por ningún órgano jurisdiccional del Estado". Al hacerlo, los fiscales subrayan que si este Tribunal decidió aplazar la vista de dicho recurso -incluso durante 11 años- no tiene que explicar sus motivos.


Por otro lado, al desbloquear la reapertura pendiente, el sector conservador no perdería su mayoría en el Tribunal. En esta ronda, corresponde al Congreso elegir a cuatro magistrados. Dos serían nombrados por el PSOE y los otros dos por el PP. Esta operación se traduce en un estancamiento. El Tribunal Constitucional procedería con una mayoría de siete a cuatro a favor de los conservadores. Sin embargo, hay otra derivada que podría dar más confianza al PP. El actual presidente, Juan José González Rivas, fue nombrado por el PP pero ha utilizado su voto de calidad a favor del sector progresista en algunas decisiones importantes. Por ejemplo, al prohibir las manifestaciones durante la pandemia o al impedir que Toni Cantó formara parte de la lista de candidatos del PP en las elecciones autonómicas de Madrid del pasado marzo. Los candidatos que debían sustituirle, Trevijano y Enríquez, siempre votaron en línea con el grupo conservador.


El pasado mes de julio, Trevijano fue el ponente de la sentencia que anuló la declaración del primer estado de alarma, argumentando que para adoptar esta medida sería necesario declarar primero el estado de excepción. Por otro lado, estuvo a punto de formar dúo con Xiol, del Sector Progresista, que hubiera sido candidato a vicepresidencia si el pacto se hubiera producido ahora, para un mandato al que sólo le quedan ocho meses. A menos -y esto es importante- que se reproduzca el actual estancamiento y se restablezca el Tribunal Constitucional en junio del próximo año.


Dos de los cuatro jueces que tomarán posesión del cargo el próximo año serán nombrados por el Gobierno y los otros dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, el mandato del CGPJ expiró hace casi tres años y la ley le prohíbe nombrar jueces mientras esté en funciones. Si la situación no cambia ni siquiera para el próximo mes de junio, no podrá hacer los nombramientos que le corresponden, y se discute si esto bloquearía los nombramientos que debe hacer el Gobierno. La Constitución prevé que el Tribunal de Garantía se renueve por tercios, y algunos expertos creen que los cambios no pueden ser parciales, es decir, o cuatro jueces o ninguno.


Si el Gobierno consigue sus dos nombramientos, se invertirá el equilibrio de poder en el Tribunal Constitucional. Tras los cambios, habría siete jueces progresistas frente a cinco conservadores en el tribunal. En tal situación, la nueva mayoría trataría sin duda de hacerse con la presidencia, creyendo que la norma exige la elección de un nuevo presidente. Si el presidente Trevijano fuera elegido ahora, no tendría dificultades para hacerlo porque su presidencia terminaría el próximo mes de julio. Sin embargo, si Enríquez llegara a ser presidente en un caso así, se daría la insólita paradoja de que la mayoría y la presidencia no estuvieran de acuerdo, lo que plantearía previsibles complicaciones para el normal desarrollo de los procedimientos de la Corte.











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